VINOSDELATIERRA
Buscadores de rentas
“El problema de la regulación es el problema de descubrir cuándo y por qué un sector (u otro grupo de personas con ideas afines) es capaz de usar el Estado para sus propositos.”
La teoria de la Elección Publica ( Public Choice Theory ), que se desarrolló a partir de los trabajos seminales de J.M. Buchanan, ha permitido extender la teoría económica al estudio de la formación de voluntades y la toma de decisiones por parte de los responsables políticos. Uno de los campos anejos a la disciplina que ha tenido mayor predicamento ha sido el conocido como rent-seeking. Sobre este asunto G.J. Stigler se manifestó con meridiana claridad cuando aseguró que: “El problema de la regulación es el problema de descubrir cuándo y por qué un sector (u otro grupo de personas con ideas afines) es capaz de usar el Estado para sus propósitos.”
Esto es, en la medida que cualquier decisión política en el ámbito económico implica una alteración en el reparto de rentas entre los agentes, éstos procurarán influir en la gestación de los criterios y decisiones públicas que les garanticen un control indirecto sobre las fuentes de renta que controlan las administraciones públicas, ya sea parcial o totalmente, directa o indirectamente. Es decir actuaran como “rent-seekers o rent-preservers” (buscadores o preservadores de rentas). Si algunos colectivos tienen éxito a la hora de persuadir a los gobernantes de que sus intereses particulares merecen una protección especial, éstos habrán logrado que el resultado de la acción pública derive en un reparto de rentas en su beneficio. Como es de suponer, la política presupuestaria de la Unión Europea no está exenta de este tipo de presiones y de comportamientos estratégicos por parte de los operadores que buscarán la protección del sector público para resguardarse de los rigores del mercado.
Cuando entró en vigor el Reglamento (CE) nº 555/2008, las ayudas a las acciones de promoción no se podían conceder durante más de tres años a un determinado beneficiario en un tercer país concreto. No obstante, el Reglamento se ha modificado posteriormente dos veces, cada una de ellas ampliando la posibilidad de que los mismos beneficiarios reciban las ayudas por períodos más prolongados. La primera modificación ofrecía la posibilidad de prorrogar una vez los programas de acciones de promoción por un período no superior a dos años. La segunda modificación establecía la posibilidad de que los beneficiarios del período de programación anterior recibieran de nuevo ayudas en el mismo tercer país de destino, por un máximo de cinco años. Por tanto, los beneficiarios pueden recibir ayudas para acciones de promoción en un mercado de destino para todo el período de programación 2009-2013, y prorrogar sus acciones de promoción en los siguientes períodos de programación (2014-2018 y en adelante). El Tribunal considera que estas dos modificaciones ofrecían un incentivo para acciones de promoción destinadas a consolidar mercados, lo cual no constituye un objetivo consagrado en la legislación de la UE. El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea considera que, en este contexto, las ayudas recibidas en virtud de la medida de promoción de la OCM vitivinícola no contribuyen de modo eficiente a reforzar la reputación de los vinos de la Unión, ni a captar nuevos mercados o recuperar los mercados antiguos. En el caso de las grandes empresas, con presencia bien afianzada en dichos mercados, tienen más bien el efecto de proteger o consolidar las cuotas de mercado existentes, y puesto que para estas empresas consolidar la presencia en un determinado mercado supone un esfuerzo constante por permanecer presente y visible en el mismo, la contribución de la UE se convierte, fundamentalmente, en una subvención parcial de sus costes operativos.
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El abandono de soluciones definitivas da paso a una estrategia defensiva de minimización del coste del ajuste.
Cuando los dirigentes sectoriales fueron asumiendo la dimensión estructural de la crisis y su incapacidad para responder desde lo local a dinámicas generadas y controladas desde otros espacios, abandonan la búsqueda de soluciones definitivas dando paso a una estrategia defensiva de minimización del coste del ajuste. Este particular proceso de ajuste no puede comprenderse sin el fuerte apoyo público, plasmado en los distintos Planes Sectoriales. El que la aplicación de estos Planes hubiese sido derivada y posterior al problema detectado no quita, en modo alguno, la posibilidad de que acabase pasando a primer plano. De sobra es conocido el mecanismo por el cual las instituciones suelen generar un impulso de perduración al margen de sus fines y al cabo contra ellos. Advierten lo difícil que es mantenerse, y cada vez consideran más importante las relaciones que les aseguran solidaridad y permanencia.
La malicia que despierta inevitablemente tan escabroso asunto hace sentir cada vez más sospechoso el denodado empecinamiento de los dirigentes sectoriales en reclamar ayudas de todo tipo. Todos o una gran parte de los dirigentes no debían de poder evitar un mayor o menor convencimiento del alto grado de improbabilidad de que hubiese un algo o incluso un mucho de certeza en los supuestos efectos del Programa Nacional de Apoyo al sector vitivinícola en el Marco del Jerez. Necesitaban, sin embargo, aferrarse a la precariamente cimentada autoridad de los “estudios de viabilidad” y de la incuestionable veracidad de su dictamen, porque admitir lo contrario habría sido tanto como reconocer que la causa de las ayudas públicas no era tanto un medio para la recuperación económica del sector, sino más bien y sobre todo un fin en sí mismo, o sea confesarse sabedores de que dichos planes es la excusa para recibir las ayudas públicas. Tenían que apuntalar su voluntariosa convicción de lo totalmente ilusorio de los supuestos efectos de los Planes de Apoyo para sofocar en sus almas la conciencia de estarse aprovechando de un conocimiento inconfesable: el de estar acumulando subvenciones sufriendo pérdidas tras pérdidas. Gravemente difícil se me antoja cualquier intento bienintencionado de sustraerse a la sospecha de que un programa semejante responde únicamente a las inconfesables y nunca confesadas intenciones que sólo el tácito convencimiento de la efectividad de las virtudes atribuidas por los dirigentes sectoriales a los Planes de Apoyo permite concebir y sustentar.
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